Carmen Domínguez Aguilar, responsable del Área de Derecho Público de Gaona y Rozados
La autora analiza la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que abre paso a la posibilidad de reclamar los intereses de demora en todos aquellos contratos públicos que estuvieran liquidados y extinguidos; siempre y cuando dicha deuda no estuviera prescrita por no haber transcurrido más de cuatro años desde la liquidación definitiva del contrato