Esta norma introduce el establecimiento de un requisito de procedibilidad, que obliga a los ciudadanos a intentar una solución extrajudicial antes de presentar una demanda. En el caso de los consumidores, además, refuerza la necesidad de una reclamación previa en casos de cláusulas abusivas y establece sanciones más severas para las empresas que incumplan sus obligaciones de indemnización.