Francisco Damian Vazquez, socio director de Vázquez Abogados y miembro de la Junta Directiva de ANAVA-RC

El autor comenta, en relación a las reclamaciones patrimoniales y en menor medida penales por la Covid-19, una reciente sentencia del Juzgado Social Único de Teruel que condena a la Administración a proporcionar equipos de protección a los sanitarios por vulneración de sus derechos, considerando acreditado que se ha puesto en riesgo grave su vida, integridad física y salud. También analiza un auto del Tribunal Supremo que estima la petición de derechos fundamentales sanitarios por inactividad de la Administración

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